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Hoy se han reunido los máximos representantes del conjunto de universidades y centros de investigación de Cataluña (unas sesenta instituciones que representan cerca del 90 % del sistema) para valorar la situación creada en Catalunya tras las actuaciones del Estado español en los últimos días. A la reunión han asistido también representantes de los sindicatos y de las asociaciones de estudiantes.

Se ha constatado que se ha atentado a la honorabilidad de las instituciones académicas y de investigación de Cataluña, que han sido incluidas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública en una lista de entidades financieramente intervenidas y por lo tanto sospechosas a ojos del Ministerio de poder realizar actas de fraude de ley. Esta lista se ha hecho llegar a las entidades bancarias para bloquear y poner bajo control la actividad de gestión económica ordinaria sin ningún tipo de comunicación previa y directa a las universidades y los centros de investigación. Este hecho pone en riesgo la actividad académica y de investigación, también cuando esta es financiada con recursos de la Unión Europea o con fondos privados, y malogra tanto la reputación como la credibilidad internacional de las instituciones, aspectos críticos a los efectos de su participación en proyectos internacionales y a la atracción y retención de talento.

Es por eso que las entidades asistentes:

1. exigen a las autoridades competentes del Estado español la reversión inmediata de estas medidas, totalmente insólitas e inaceptables;
2. comunicarán a las instancias europeas e internacionales la grave situación de crisis derivada de estas actuaciones.

Por otro lado, en cuanto a las movilizaciones que se puedan producir en los próximos días, la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) manifiesta que una de las funciones de las universidades es formar profesionales altamente cualificados y a la vez ciudadanos críticos y responsables socialmente. En este sentido, se acordarán en breve patrones comunes para facilitar la participación de los estudiantes, del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios en las movilizaciones que se puedan llevar a cabo.